El pasado 1 de febrero, el parlamento del Principado aprobó una nueva legislación que ha generado un considerable debate en la esfera política y económica del país. Se trata de la Ley del impuesto sobre la inversión extranjera en bienes inmuebles, una medida diseñada para abordar el creciente fenómeno de la inversión extranjera en el mercado inmobiliario local.

Esta ley surge como respuesta a la preocupación por el aumento de la inversión extranjera en propiedades, así como a la necesidad de establecer un modelo urbanístico más equilibrado. Además, se busca hacer frente al marcado déficit y encarecimiento de la vivienda que ha afectado a los ciudadanos y residentes en los últimos años.

Si bien se reconoce el papel positivo que la inversión extranjera ha desempeñado en el crecimiento económico del país desde la aprobación de la Ley de 2008, también se han hecho evidentes sus efectos colaterales, especialmente en términos de encarecimiento y escasez de vivienda.

Los grupos parlamentarios mayoritarios han respaldado esta medida como un paso necesario para controlar la inversión extranjera en el sector inmobiliario. El impuesto, que oscila entre un 3% y un 10% sobre el valor real de la inversión, se aplicará de manera progresiva según el número de unidades inmobiliarias adquiridas. Se espera que esta medida no solo desacelere la inversión extranjera, sino que también genere ingresos significativos para el Estado, estimados en cinco millones de euros para el año 2024.

Uno de los aspectos destacados de esta ley es su alcance inclusivo. Se ha previsto que todos los residentes con menos de tres años de residencia estén obligados a tributar el impuesto, con el fin de evitar que los nuevos residentes eludan esta obligación fiscal. Además, las empresas andorranas con una participación significativa de inversores extranjeros también estarán sujetas a este impuesto, al igual que las empresas extranjeras que formen parte de un mismo grupo empresarial.

Esta medida ha sido el resultado de un intenso trabajo por parte del Gobierno y los grupos parlamentarios mayoritarios para garantizar su implementación efectiva. Se han establecido mecanismos para evitar la elusión fiscal y se han previsto disposiciones que garanticen un tratamiento equitativo para todos los contribuyentes.

En última instancia, esta ley no solo busca frenar la inversión extranjera en el mercado inmobiliario, sino también servir como un catalizador para la inversión en proyectos de vivienda y diversificación económica. Representa un esfuerzo concertado para abordar los desafíos actuales y sentar las bases para un crecimiento sostenible y equitativo en el futuro